Defender a la gente y atacar al virus. La estrategia peruana para la crisis del COVID-19, que une durísimas medidas de distanciamiento social a otras tan o más radicales de ayuda y asistencia a la población, sobre todo a los más desfavorecidos, da confianza al país y se gana elogios globales.

El 15 de marzo, Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar una cuarentena general y obligatoria y en cerrar todas sus fronteras cuando apenas había confirmados 71 casos y ninguna muerte. Luego sumó toques de queda nocturnos y ahora solo permitirá a hombres salir a comprar unos días y a mujeres en otros.

De los 900.0000 empleos destruidos en la última quincena de marzo, durante la crisis originada por el coronavirus en España, más de dos tercios eran temporales. En concreto, 613.250 trabajadores con contrato temporal, mientras que la merma de afiliados con contrato indefinido fue de 223.353 personas. El descalabro del empleo ha sido el mayor de la historia en un solo mes y deja en evidencia una vez más uno de los mayores problemas del mercado laboral español: la elevada temporalidad. Cuando la situación económica empeora, y más aún ante una crisis de este calibre, el ajuste del empleo llega de mano de los temporales, con la rápida destrucción de empleo de los trabajadores más vulnerables.

El fulgurante deterioro que está sufriendo la economía global por la expansión de la pandemia del coronavirus ha propiciado una sucesión de rebajas a la nota de la deuda por parte de las agencias de rating en las últimas semanas. Empresas de sectores como el de la automoción, la aviación o el petrolero, entre otros, están entre las más afectadas por las rebajas de estas entidades.

"La velocidad con la que la pandemia de coronavirus está evolucionando requiere otra ronda de enormes recortes de los pronósticos de crecimiento", advertía este jueves una de las tres grandes firmas del sector, Fitch, que ahora espera que la actividad económica mundial caiga un 1,9% en 2020, con el PIB de Estados Unidos retrocediendo un 3,3%; el de la eurozona, un 4,2%; y el de Reino Unido, un 3,9%; mientras que China crecería por debajo del 2%.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (Florencia, 1956), atiende a eldiario.es por Skype desde la sede de Bruselas. Una Eurocámara que se mantiene abierta para aprobar las medidas que van tomando las instituciones europeas para aplacar una crisis del coronavirus que está empujando las economías a una caída libre de consecuencias desconocidas para las personas. Mientras, los contagios y los fallecidos no dejan de crecer en todo el continente, golpeando especialmente, de momento, a Italia y España.

Sassoli (PD/S&D) defiende una respuesta europea a una crisis colectiva: "El egoísmo nacional no ayuda al propio país a protegerse de las dificultades y dinámicas globales que, si entran en tu casa, te hacen mucho daño.

La población italiana ya sabía desde hace días que este 3 de abril, la fecha que en un principio se había marcado en el calendario, no iba a poder salir a la calle, ir a trabajar o moverse con normalidad. Pero la prórroga no se hizo oficial hasta este miércoles, cuando el Gobierno prolongó en un decreto todas las restricciones adoptadas para contener la epidemia de coronavirus, incluidos el confinamiento impuesto a todos los ciudadanos el 10 de marzo y el cierre de las actividades económicas no esenciales. La gente tendrá que quedarse en casa, como mínimo, hasta el 13 de abril.

A estas alturas, no puede sorprender que Donald Trump se tome a broma un asunto serio relacionado con la crisis del coronavirus. En la rueda de prensa del miércoles, preguntaron al doctor Anthony Fauci si habían tenido que ponerle protección policial por las amenazas recibidas. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas no quiso entrar en detalle. Trump intervino para meter el chiste: "No necesita protección. Todos le quieren". 

No todos. Los grupos y webs de la derecha ultraconservadora han puesto en las últimas semanas a Fauci en el punto de mira al considerarlo una amenaza para Trump.

El gigante del comercio electrónico Amazon reveló este jueves que ha empezado a tomar la temperatura a empleados de algunos de sus almacenes en EE.UU. para evitar posibles contagios de COVID-19, una medida que pretende extender a todo el país y a Europa.

Desde el domingo 29 de marzo, la firma con sede en Seattle (estado de Washington, EE.UU.) toma la temperatura de los trabajadores cuando estos llegan al almacén "en determinadas instalaciones" del país, informó Amazon en un comunicado.

En caso de que alguno de los trabajadores tenga una temperatura superior a 38 grados Celsius (el umbral fijado por las autoridades sanitarias en EE.UU.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Calviño ha subrayado que el Gobierno de España ha defendido "desde el principio" una respuesta europea a la crisis del coronavirus". Así, ha señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, habló de "un fondo de seguro de desempleo que pudiera reforzar la acción nacional".

"Damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión", ha dicho la vicepresidenta tercera, para después celebrar que es "una buena noticia que hayan acelerado el trabajo y hayan puesto sobre la mesa esta propuesta".

Sin embargo, Calviño ha aclarado que "no es 100 por 100" lo que el Gobierno español "venía defendiendo", aunque ha reconocido que es "una buena base" sobre la que trabajar en las próximas semanas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Argentina por violaciones a los derechos de 132 comunidades indígenas dentro de la provincia de Salta y le ordenó entregarles títulos de propiedad de sus tierras ancestrales en un plazo de 6 años.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, publicó este jueves la sentencia en la que señala al Estado argentino como responsable de la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medioambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y.

La pandemia del coronavirus no solo ha dado un vuelco a la política interior de los países, sino que está generando un conflicto entre los estados afectados por hacerse con los recursos sanitarios disponibles.

Impera la ley del más fuerte para lograr el aprovisionamiento de mascarillas y demás productos sanitarios necesarios para hacer frente a la creciente epidemia de COVID-19. Y para ello, se recurre a compras a proveedores sin homologación, la confiscación de material destinado a otros países e incluso subastas a pie de pista.

Este miércoles, el presidente de la región Gran Este, Jean Rottner, denunciaba que Estados Unidos está comprando, en la propia pista de aterrizaje de los aeropuertos chinos, las mascarillas adquiridas por el Gobierno francés.