Despedido por ser gitano. Es la conclusión a la que ha llegado un tribunal de León, que da la razón a Pedro H.R. un trabajador de etnia gitana que empezó a trabajar como camarero en un bar y que denunció a su empleadora por prescindir de él por su origen, asesorado por la Fundación Secretariado Gitano. La magistrada considera probado el "clima hostil que percibía el trabajador por su condición racial", por lo que concluye que el despido es nulo por discriminatorio y reconoce una indemnización por daños al afectado de de 7.501 euros.

Ucrania ha retrasado la contraofensiva por la falta de material para garantizarse que sea exitosa. De ahí que los llamamientos de Volodímir Zelenski en los últimos tiempos hayan sido casi a la desperada. La UE puso en marcha un mecanismo para proporcionar toda la munición requerida en el menor tiempo posible y este martes el alto representante, Josep Borrell, se ha felicitado por las cifras: 220.000 municiones de artillería y 1.300 misiles se han enviado ya de los estados miembros a Kiev.

Condena a una subcontrata por no aplicar la reforma laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado una sentencia de instancia que condenó a una subcontrata de Nedgia S.A (Grupo Naturgy) por no subrogar al personal de la anterior empresa adjudicataria, como marca el convenio colectivo de la actividad externalizada, que es el que debe aplicarse según la normativa aprobada por el Gobierno, como ha adelantado El Periódico de Catalunya.

Las sentencias son las primeras que aplican el nuevo artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores tras los cambios en la reforma laboral, advertía este martes el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UOC, Ignasi Beltrán, que realiza un gran seguimiento de la jurisprudencia en esta materia en su blog 'Una mirada crítica a las relaciones laborales'.

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo piden la dimisión de Yolanda Díaz. El conflicto en el organismo público vigilante de la legalidad laboral endurece el tono, con un gran enfado de los representantes de la plantilla ante el incumplimiento de un pacto con mejoras alcanzado hace casi dos años y los avances que logran otros departamentos del Gobierno. "Vemos a otros ministros firmar acuerdos, como en la Seguridad Social y en Justicia, y nosotros nada", denuncian fuentes sindicales, que señalan directamente a la ministra de Trabajo por "su falta de implicación" y de "diálogo" con la plantilla.

"En nuestra opinión, lo ideal sería impedir por ley que los proveedores de servicios con sede en la UE aplicaran el cifrado de extremo a extremo". Es la postura española reflejada en un documento confidencial de la UE con las valoraciones de los países miembros sobre un nuevo reglamento para perseguir la pederastia online que se negocia en Bruselas. El texto ha sido filtrado por el medio estadounidense Wired y muestra que el Ejecutivo español es el más claro en su aspiración de acabar con el cifrado de extremo a extremo, una de los métodos de seguridad más importantes de las comunicaciones digitales.

Acabar con la unanimidad en la política exterior y de seguridad para ganar agilidad, eficacia y credibilidad. Es lo que buscan España y otros nueve países, entre ellos Alemania, que está liderando el 'grupo de amigos' que busca acabar con la exigencia de unanimidad en ese tipo de decisiones, que se han vuelto determinantes fundamentalmente desde la invasión rusa de Ucrania. La jugada, que pasaría por establecer un sistema de mayoría cualificada, permitiría acabar con el chantaje al que la Hungría de Viktor Orbán somete sistemáticamente a los 27.

La Comunidad de Madrid tiene las ayudas al coche eléctrico en "lista de espera" desde hace meses, tras haber pedido por ahora al Gobierno central la mitad de lo que podría haber recibido en las dos ampliaciones del presupuesto que se han aprobado hasta el momento.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que hace unas semanas pedía "transparencia" al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la ejecución de estas subvenciones, ha solicitado por ahora 114 millones del programa Moves III de ayudas para el fomento para la movilidad eléctrica, cuando podía haber pedido 171 millones.

Tras meses de intensos combates en una batalla agotadora y de desgaste, considerada la más larga de la guerra, Rusia dijo este fin de semana que ha completado la toma de Bajmut, al este de Ucrania, una ciudad reducida a ruinas que ha adquirido un profundo simbolismo para ambos bandos durante la invasión.

Sin embargo, desde entonces, ha reinado la confusión: Ucrania, que se ha adjudicado en las últimas semanas algunas ganancias tácticas en los flancos de la ciudad, asegura que la batalla no ha terminado.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales temas de debate de la campaña electoral de las municipales y autonómicas. No solo por la aprobación de la Ley de Vivienda en vísperas de la cita con las urnas. También, por la promesa del presidente del Gobierno de construir 183.000 inmuebles con los que reforzar el parque de pisos en alquiler social o asequible.

Esa promesa supone reforzar un parque que, actualmente, roza las 300.000 casas en todos los territorios y donde las diferentes comunidades autónomas llevan su propio ritmo de construcción y promoción de pisos en alquiler, porque son ellas las que tienen las competencias en vivienda, aunque el Estado pueda diseñar un marco legislativo común para todas.

La derecha maniobra en el Parlamento Europeo para retrasar la reforma que obligaría a pagar más impuestos por el uso de los combustibles fósiles. Así lo han denunciado los ponentes de los grupos progresistas inmersos en las negociaciones de la reforma de la directiva sobre fiscalidad de la energía que pilota el eurodiputado flamenco de la extrema derecha (ECR) Johan Van Overtveldt, que ha planteado solicitar a la Comisión Europea una evaluación de impacto sobre la medida con el apoyo del Partido Popular Europeo y los liberales de Renew.