
La Justicia europea avala que Airbnb tenga que transmitir a la Administración tributaria determinados datos relativos a las transacciones de alojamiento turístico. Es decir, como la normativa de la región de Bruselas que obliga a un operador a comunicar determinados datos relativos a los establecimientos de alojamiento turístico tiene carácter fiscal, queda excluida del ámbito de aplicación de la directiva sobre el comercio electrónico y, por tanto, no es contraria al Derecho de la Unión.
Según el Tribunal de Justicia, en la medida en que afecta a todos los prestadores de servicios de intermediación inmobiliaria, con independencia de su lugar de establecimiento y del modo en que realizan la intermediación, la ley regional discutida no es contraria a la libre prestación de servicios en la Unión.