El Gobierno ha enviado a los sindicatos y la patronal este lunes por la mañana su propuesta para la ampliación de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) hasta el 30 de septiembre, que ha adelantado la Cadena Ser y ha podido consultar eldiario.es. El Ejecutivo plantea que se mantenga la protección de desempleo de los afectados por estos ERTE derivados de la crisis del coronavirus y también las exoneraciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social de las empresas, aunque propone reducir estas últimas algunos puntos.

Los agentes sociales están reunidos esta tarde con el Gobierno para negociar el documento.

JxCat, ERC, los comunes y la CUP, además de las dos entidades soberanistas, ANC y Òmnium Cultural, los sindicatos CCOO y UGT y una treintena de entidades más se han concentrado este lunes ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la libertad de los presos independentistas.

Los partidos y las entidades se han hecho una fotografía con el cartel "libertad presos políticos" en una pequeña tarima a las puertas del tribunal, horas antes del pleno del Tribunal Constitucional (TC) en el que el alto tribunal tiene previsto abordar los recursos de los presos independentistas contra su condena por el 1-O.

Un 76 % de consumidores españoles están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra de pescado y de marisco, o lo han hecho ya, para adquirir producto sostenible desde el punto de vista económico y social, según un estudio de Deloitte, difundido por las asociaciones pesqueras Europêche y Opagac (flota atunera).

El sondeo, realizado sobre una muestra de más de 11.000 consumidores en superficies de venta alimentaria en España y Francia, indica que los ciudadanos tienen una actitud más consciente respecto a la pesca ilegal y hacia la sostenibilidad.

Según sus resultados, el 75 % de los compradores asegura haber modificado sus hábitos de compra hacia productos “responsables y sostenibles” durante los últimos dos años, porcentaje que en el caso español se sitúa en el 76 % (en el francés es del 73 %).

La ciudad de Nueva York está descubriendo las terrazas para comer y beber "al fresco" en el inicio de su reapertura tras el parón por la COVID-19, tres meses que han sumido a los negocios del corazón comercial y turístico de Manhattan y a otros distritos en una crisis de la que muchos aún no ven salida, sumidos entre el pesimismo y la incertidumbre.

La Gran Manzana es la última región que despierta del letargo en el estado más azotado por el coronavirus en EE.UU., pero su primera fase de reapertura, centrada principalmente en la construcción y la producción, está poniendo a prueba la paciencia y la resiliencia de los restaurantes y tiendas minoristas que forman el tejido empresarial de su distrito central.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente este domingo el ataque perpetrado por un grupo armado a un convoy de la Misión de la ONU en Mali (Minusma) en el que murieron dos cascos azules egipcios.

Recordó que los ataques contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas pueden constituir crímenes de guerra en virtud del derecho internacional.

El ataque se produjo en la localidad de Tarkint entre Tessalit y Gao cuando hombres armados no identificados dispararon contra el convoy; los casos azules devolvieron después los disparos hasta que los asaltantes huyesen de la zona.

Guterres pidió a las autoridades de Mali que no escatimen esfuerzos para identificar y llevar ante la justicia a los autores del "atroz crimen", de acuerdo con su portavoz, Stéphane Dujarric,

Guterres expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Egipto, según un comunicado de prensa.

El presidente argentino, Alberto Fernández, defendió este domingo su idea de "rescatar" al gigante agroexportador Vicentín mediante su expropiación por parte del Estado para evitar que la empresa, en cesación de pagos, quiebre o pase a manos de capitales extranjeros.

"La única alternativa que nos queda es la expropiación", dijo hoy Fernández en declaraciones a Radio 10, de Buenos Aires.

Fernández sorprendió el pasado lunes al anunciar su decisión de intervenir la firma y enviar al Parlamento un proyecto de ley para expropiarla y que sus activos conformen un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, la división de negocios agropecuarios de YPF, la mayor productora de hidrocarburos del país.

¿Puede Nadia Calviño ser presidenta del Eurogrupo? Sí. En Bruselas todo el mundo la considera una candidata idónea para el puesto, pero no se trata de encandilar a las instituciones comunitaria, cosa que Calviño lo tiene ganado por su trabajo realizado en la Comisión Europea antes de entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidencia del Eurogrupo depende de los 19 países miembros de la zona euro: Calviño necesita, por tanto, diez votos. Y no está sola en la carrera, que está lleva de obstáculos previsibles e imprevisibles.

Calviño no es la única. Junto a la vicepresidenta española, están bien colocados el luxemburgués, Pierre Gramegna; y el irlandés, Paschal Donohoe.

El centro de alerta de enfermedades de la UE, el ECDC, difundía este viernes dos cifras elocuentes: 170.603 personas fallecidas en la UE por coronavirus, y 1.460.676 personas contagiadas. Pues bien, con esas cifras encima de la mesa, junto con las previsiones de cerrar el año con una caída del PIB superior al 8% de media, según las previsiones del BCE, y con un primer trimestre en el que la caída de la zona euro fue del 3,6%, buena parte de las medidas aprobadas en abril –540.000 millones– aún no han entrado en vigor y el fondo anticrisis, que Bruselas quiere que sea de 750.000 millones, no está claro cuándo se aprobará ni cuándo empezará a llegar el dinero.

Día tras día, cada vez con más frustración y desánimo, llaman a los teléfonos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). "Estás dos meses sin ingresos y que no haya una voz humana que te responda... Que te diga: 'Mire, es que no damos a basto'. Algo. Un día tras otro. Nadie coge el teléfono", critica Dioni Serrano, periodista en un ERTE desde finales de marzo y que aún no ha cobrado la prestación por desempleo. Como él, Carlos, Óscar y Carmen (nombres ficticios), denuncian el retraso en el cobro de su prestación y la falta de respuesta del organismo público, que ha afrontado una avalancha de peticiones de desempleo sin precedentes fruto de la crisis del coronavirus.

Entre finales de marzo y principios de abril, varias asociaciones del campo —Asaja y Afrucat entre ellas— lanzaron un llamamiento a la desesperada: el confinamiento dejaría las cosechas sin mano de obra. El Gobierno se sumó a su toque de atención, cifrando en 150.000 los trabajadores necesarios y aprobando medidas urgentes para favorecer la contratación. 

Dos meses después, la alerta ha desembocado en un problema social, especialmente en las provincias de Huesca y Lleida: centenares de personas de toda España que acudieron en busca de sustento duermen hoy en la calle. En Alcarrás y Serós (Lleida) y Fraga (Huesca) se han detectado positivos por coronavirus y ha habido que habilitar albergues para aislar a quienes no pueden guardar la cuarentena en casa.